“Olivera está queriendo evitar concurrir al Juzgado a responder todas las preguntas que tenemos sobre la decisión que tomó él, que fue una decisión política, una decisión imputable directamente al Intendente, que violentó la situación de Elen Sosa que hace 40 años estaba ahí, a cargo del terreno, en el que él resolvió meterse sin considerar que es un terreno ajeno, sin darse cuenta que tiene que respetar el orden jurídico”, opinó Federico Álvarez Petraglia sobre los recursos interpuestos por la Intendencia para evitar que el jefe comunal comparezca a declarar como parte en el juicio por violento despojo que impulsa la señora Sosa.
En setiembre de 2021 la comuna ingresó de manera violenta al predio, lo que incluye, entre otros aspectos, rotura de candados, porteras y destrucción de arboleda. Para entonces Sosa ya había planteado una acción pidiendo el reconocimiento de la propiedad por la vía de la prescripción, dado que hace casi 40 años que cuida el espacio como propio. Al tiempo que se desarrolla ese procedimiento, la vecina denunció a la Intendencia por el violento despojo. Es en ese contexto que el intendente Olivera deberá declarar como parte, como responsable de la acción repudiada.
Después de una postergación, la audiencia sería el viernes 15 de agosto, pero no se concretó dado que la parte demanda interpuso recursos de reposición, aclaración en subsidio y nulidad. Básicamente, se plantea como “imposible” que el funcionario pueda comprometer su presencia en el Juzgado dada la agenda que desarrolla en “razones de interés general”, que su declaración debería materializarse “por certificado o informe” o que sea representado por otros funcionarios y que sea nula su convocatoria dado que, según la interpretación del área jurídica de la Intendencia, al momento de la citación, en junio de este año, “…Nicolás Olivera no era intendente de la ciudad de Paysandú no teniendo vínculo alguno” con la Intendencia.
Federico Álvarez, abogado defensor de Sosa, que opinó que los recursos, planteados fuera de fecha, “simplemente demoran algo que ya tendría que estar resuelto”, que resultan infundados y abordan “cosa juzgada”.
Calificó como “ofensiva” y “denigrante para un poder del Estado, en este caso nada más y nada menos que la Justicia, que el intendente diga que no va a tener tiempo para una convocatoria. Eso demuestra, un poco, qué es lo que entiende Olivera del sistema republicano”. Explicó que en este caso el intendente “no está citado como testigo sino como parte” y recordó que cuando se solicitó su declaración la Intendencia no rechazó ese pedido; “en nuestra opinión ya está dispuesto, ya está resuelto por la Justicia que sea Olivera el que tenga la consulta porque es el que mejor sabe los pormenores de esta situación porque, reitero, es una decisión política que tomó en su momento”.
El penalista sostiene que con aquella acción el ejecutivo departamental “cometió un error, porque nunca podría haber dispuesto por sí y ante sí un desalojo, manu militari. Pero no hay problema, si se cometió un error, como tantos ha cometido el Estado, se reconoce y punto, pero acá la soberbia es tan grande que se persiste en el error”.
El abogado desestimó el reparo referido a que al momento de la primera audiencia se haya establecido la citación “al intendente” siendo que entonces Olivera no estaba en funciones; “eso es buscarle la quinta pata al gato, es buscar la forma para que no declare, porque no sólo que ya era el intendente reelecto, sino que los hechos que se están denunciando se producen bajo su gobierno”.
Mientras la parte demandante aguarda la fijación de nueva fecha para la audiencia, Álvarez Petraglia fue crítico con la decisión política de destinar los recursos del equipo jurídico de la Intendencia “buscando la manera de evitar la Justicia. Se politiza todo, en vez de ser un equipo jurídico, son operadores políticos”, lamentó.
