Finalmente, tampoco se concretó la audiencia que había sido fijada para el viernes 15 de agosto en el marco del juicio por acción posesoria por violento despojo de un terreno ubicado en la zona de la intersección de la calle paralela a la Avenida de Las Américas y Bulevar que impulsa Elen Sosa contra la Intendencia de Paysandú. El intendente Olivera había sido convocado a declarar como parte, pero, por segunda vez, logró evitar la comparecencia, en este caso como resultado de la interposición de recursos de reposición, aclaración en subsidio y nulidad. El doctor Álvarez Petraglia, abogado de Sosa, que también debió declarar el viernes, considera que el funcionario “está buscando, por todos los medios, no ir a declarar” y defendió la continuidad del proceso.
Quienes siguen el tema con relativa cercanía serán conscientes de las múltiples marchas y contramarchas que ha experimentado el trámite que conduce a la que sería la última audiencia del juicio entablado por Sosa.
En el mes de junio, a varias semanas del inicio del nuevo período de gobierno, bastante antes de que reasumiera como intendente, Olivera ya tenía una fecha para reservar en su agenda; el jueves 31 de julio debía asistir a la sede judicial para prestar su declaración en el caso. A pocas horas del día referido, se conoció una resolución de la jueza de Paz de Segundo Turno, doctora Ana Hidalgo, en la que comunicó el mantenimiento de “fecha, hora y personas citadas a la audiencia señalada”; con esa definición no hizo lugar a una acción presentada por la comuna en procura de que el jefe comunal fuera liberado de la convocatoria, dados sus compromisos en otras partes del país. Sucedió que pocos minutos antes de la audiencia, ya en el Juzgado, los demandantes se enteraron de que un juez suplente había decidido postergar la instancia, determinando que la titular estableciera nueva fecha.
Efectivamente, la jueza fijó la audiencia para el viernes 15 de agosto, a las 13:30, pero esta tampoco tuvo lugar. Ahora como consecuencia de la interposición de “los recursos de reposición y aclaración, así como el recurso de nulidad por vía recursiva (art. 115.3 del CGP)”.
El documento que presentó a la sede el abogado Mauro Soto, como asesor técnico de la Intendencia, esgrime, como recurso de reposición y aclaración en subsidio, que “se hace notoria y lógicamente imposible en virtud del cargo que reviste el citado saber con demasiada antelación la imposibilidad de concurrir a la audiencia”. Y agrega que las “razones de interés general”, en tanto representante del departamento, condicionan la posibilidad de concurrir al Juzgado. Además, suma, las responsabilidades correspondientes al rol de presidente del Congreso de Intendentes, recientemente asumido por el jefe comunal sanducero.
Desde una lectura básica, hecha desde el sentido común y sin formación técnica, parecería que, así como se plantan los argumentos, siempre se encontrará una razón que justifique la no asistencia al Juzgado.
No obstante, el letrado de la comuna recuerda que, por la responsabilidad que asume el citado, podría “dar testimonio por certificado o informe”, posibilidad descartada por la sede en actitud que el firmante asume no comprender. Asimismo, señala la posibilidad de que asista al interrogatorio “cualquier persona que tenga la condición de representante estatuario o legal de la persona jurídica o integrante de su dirección”, lo que implica la “sustitución de los testigos”.
“Se hace necesario entonces se atiendan y se provean en forma respecto a los fundamentos expuestos en el recurso interpuesto, las posibilidades de sustituir la parte en la declaración o recibirla por informe en virtud además de la imposibilidad de asegurar la concurrencia del Sr. Nicolás Olivera, las cuales sin duda escapan a su voluntad”, defiende Soto.
El recurso de nulidad se sostiene en la idea de que, desde la primera audiencia, celebrada el 26 de junio, la parte demandante pidió la declaración del “intendente Nicolás Olivera (…) dicha designación está viciada de nulidad, si tenemos en cuenta que a esa fecha el Dr. Nicolás Olivera no era intendente de la ciudad de Paysandú no teniendo vínculo alguno con mi representada”. Para el abogado, “no se ajusta a la realidad” el planteo “se convoque a la Intendencia de Paysandú en la persona del Dr. Nicolás Olivera” dado que en ese momento “no revestía esa calidad”. El asesor de la comuna sostiene que “se propuso a una parte para su declaración indicando calidad que este no tenía y por tanto no puede comparecer cuando es citado pues no puede representar la figura por la cual se lo convocó y que hace al asunto…”. Entonces, se pide la declaración de “nula la designación” de Olivera como parte del juicio o que se admita su declaración por informe o por sustitución.
Desde la defensa se insiste en que la convocatoria es a la persona de Olivera como responsable de las decisiones que tomó en el quinquenio pasado y que provocaron la situación que lleva al juicio; ese requerimiento quedó expresado con claridad al pedir su declaración como parte.
Mientras se procesa la acción en procura de que la Justica reconozca la propiedad del inmueble por la vía de la prescripción, Sosa denunció la acción posesoria por violento despojo; a ese juicio refieren los recursos reseñados.
El 21 de setiembre de 2021 la Intendencia de Paysandú ingresó de manera violenta al terreno que reivindica Sosa y que se encuentra sobre la calle paralela a Avenidas de las Américas, pocos metros al este de Bulevar Artigas. La acción, que desconoció los avisos de la señora, implicó la rotura de candados y porteras y fue precedida por el destrozo de varias decenas de árboles nativos, entre otras variedades. Todo ello era el resultado de casi 40 años de dedicación de la señora y su familia que ingresaron al inmueble con el visto bueno de un exintendente, cuidándolo como propio. Para entonces ya había iniciado un trámite solicitando el reconocimiento de la propiedad del inmueble, por el cual la Intendencia le cobró contribución durante muchos años hasta que hace un tiempo lo habrían separado del sistema. Según se supo, la administración Olivera pretendía ceder el lugar a una empresa hormigonera que se desembarcaría en Paysandú procedente del sur. Pero, en tanto ese arribo no se concretó, últimamente se lo han ofrecido al club de fútbol del barrio Nuevo Paysandú. La dirigencia de la institución de la zona norte ha mostrado ciertos reparos al ingreso dada la debilidad jurídica de la situación.
En el gobierno de Caraballo, la Intendencia intervino en un par de ocasiones en el predio referido. En 2016 intimó al desarme de una construcción irregular y finalmente, ante el incumplimiento, dispuso la demolición. En 2018 exhortó al retiro de un acopio de materiales. En ambas situaciones, se consideró que las acciones eran ilegales porque el terreno “es propiedad municipal”. Desde el actual oficialismo se apela a estos antecedentes en procura de validar las decisiones que se tomaron en los últimos años. Pero, más allá de la novedad que implica que el Estado ingrese de forma violenta a un predio, obviando los procesos judiciales, algunas fuentes del gobierno frenteamplista aseguran que “cuando se hicieron esas intimaciones, la señora Sosa ya tenía más de 30 años a cargo del predio, ya había cumplido con la exigencia para la prescripción, pero eso debe ser reconocido por un juez. Entonces, aquellas decisiones no influyen en nada, salvo que cumplimos con la tereas de policía territorial”.
El doctor Federico Álvarez Petraglia, asesor de la demandante, no ocultó su sorpresa por la suspensión de la instancia prevista para el 15 de agosto y deslizó la idea de que “el intendente está haciendo todo lo posible para no ir a declarar”. El penalista, que descartó que los recursos citados atenten contra el desarrollo del proceso, explicó que “este juicio podría terminar con una sentencia que reconozca que se ejerció violencia por parte de la Intendencia y que es necesario que se restituya la posesión que tenía Elen Sosa con anterioridad”.
Imagen destacada: camión de la Intendencia frente al terreno intervenido.
