“La decisión de no hacer una auditoria a nivel departamental es por decisión del ministro, nosotros no tenemos poder para hacerlo, lo solicitamos, pero no autorizaron”, dijo la directora de la departamental Paysandú del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), María Inés Firpo, ante la Mesa Política local del Frente Amplio. La funcionaria compareció ante el ámbito de conducción partidaria en respuesta al planteo del sector Izquierda en Marcha, que había indagado sobre la posibilidad de auditar la gestión local del quinquenio anterior a cargo de los nacionalistas Ignacio Ifer y Alejandro Colacce, como director y adjunto, respectivamente.
Durante todo el lustro pasado, desde el frenteamplismo sanducero se denunció con insistencia que aquella conducción había caído en prácticas clientelares; por ejemplo, en cuanto a los procedimientos para las entregas de canastas. En general, las permanentes acusaciones no fueron sostenidas con eventuales pruebas, aunque parecería que la proliferación de rumores fue minimizando el margen de las dudas. Quizás el episodio más referenciado fue el que habría protagonizado el exdirector cuando fue registrado en imágenes en aparente actividad de entrega de comestibles en casas particulares de la ciudad de Guichón, utilizando para esos desplazamientos una camioneta del ministerio. La situación habría tenido lugar el sábado 26 de setiembre de 2020, día previo a las elecciones departamentales y municipales en las que el Partido Nacional ganó la Intendencia al Frente Amplio.
De los controles internos surge que en la gestión local del período anterior hubo “abuso en la entrega de canastas” en cuanto a que en muchos casos la definición resultó del jerarca político, “sin criterios técnicos”. Hubo quienes retiraban todos los meses o que accedían a pesar de contar con prestaciones que los inhabilitarían. “Iba una camioneta, levantaba 10 o 15 canastas”, contó la directora para destacar que ahora han logrado “cortar con eso”. El acta de la sesión de la Mesa Política reseña algunos “criterios” definidos por la nueva administración “para hacer la entrega”, en procura de transparentar los procedimientos. El Referente Técnico de Gestión, Fernando Burjel, opinó: “no podemos caer en ir contra Ifer y Colacce” y sugirió “abocarnos a los criterios que vamos a usar”.
Si bien aparece públicamente como directora, Firpo sigue sin asumir formalmente el cargo, lo que fue señalado en la reunión como una notoria debilidad institucional. Asistió acompañada por Burjel, que administrativamente es quien está a cargo de la dirección; por la jefa de oficina, Natalia Rodríguez; y el referente de InMayores y Uruguay Clasifica, Agustín Castro.
De la reunión, concretada el martes 22 de julio, no resultó una manifestación política a modo de síntesis. Sí se vertieron diversas opiniones respecto a cómo podría funcionar la repartición para cumplir los compromisos electorales, así como para sostener un vínculo fluido entre el partido y sus representantes en la gestión.
“Los vehículos eran utilizados por los directores en forma abusiva”, agregó la directora en alusión al hallazgo de otra característica de la tarea de quienes la precedieron y complementó con el anuncio de que “ahora el criterio se comenzó a utilizar por los equipos técnicos”.
Sin embargo, todas esas constataciones y la posibilidad de hallar más elementos de interés, en la medida de que se investigue, no han resultado relevantes para las autoridades. Como ejercicio contrafáctico, sería interesante pensar qué pasaría si fueran los exjerarcas quienes encuentran estos datos. Seguramente desatarían una enfática campaña de denuncias, al menos en el plano de los medios de comunicación.
Una breve ronda de consultas con referentes frenteamplistas revela, al menos en principio, reacciones tales como “sorpresa”, “preocupación” o, abiertamente, “rechazo” ante la “decisión del ministro”. Las auditorías, se presume, podrían confirmar lo denunciado durante cinco años, lo que implicaría ganar en legitimación. De todas formas, parece que esa especie de frustración que se manifiesta “off the record” no se hará explicita, al menos en lo general. Así, rápidamente se esbozan relatos que tienden a reorientar la atención hacia la necesidad de “atender a la gente que está pasando mal”, postergando el tan mentado compromiso con la transparencia.
Pero, más allá de las cuestiones internas que ese partido resolverá o no, debería ser de interés general, para todos los uruguayos, la conducta que toman los funcionarios públicos ante hechos de aparente irregularidad, que necesariamente deberían ser esclarecidos. ¿Será que una “decisión” política terminará contrariando leyes? Por ejemplo, ¿cómo se concilia tal definición con el artículo 177 del Código Penal que mandata a los funcionarios públicos a denunciar aquellos episodios aparentemente carentes de legalidad?; ¿en qué medida se atiende el contenido del Estatuto del Funcionario Público (Ley 19.291 y su Decreto Reglamentario 222/14) o del Código de Ética de la Función Pública (Ley 19.823) cuando establecen el deber de “denunciar ante el respectivo superior jerárquico y si la situación lo amerita ante cualquier superior, los hechos con apariencia ilícita y/o delictiva de los que tuvieren conocimiento en el ejercicio de su función”?
Es cierto que por estos lares no tenemos muchos antecedentes de actuaciones «de oficio», pero ¿por qué no pensar que algún fiscal podría visualizar estos asuntos, todos, y convertirlos en objetos de investigación?
