Faltaban pocas horas para las elecciones departamentales y municipales del año 2020 cuando a través de las redes sociales, básicamente Facebook y WhatsApp, se divulgaron imágenes que daban cuenta de supuestas acciones de entrega de canastas de comestibles, en procedimiento de aparente dudosa formalidad, por parte del entonces director departamental del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Según los documentos gráficos y el relato que los acompañó, Ignacio Ifer, que en junio de ese año había asumido la gestión como funcionario de confianza política del gobierno de Lacalle, habría realizado esas entregas visitando, en vehículo oficial, algunas viviendas de la ciudad de Guichón el sábado anterior al acto electoral, que en ese caso se cumplió el domingo 27 de setiembre.
Desde el Frente Amplio denunciaron con énfasis la situación con valoraciones que, abiertamente, consideraron el episodio como un hecho de clientelismo, de utilización de los recursos del Estado en beneficio de determinados logros electorales; sencillamente, el supuesto cambio de cosas por votos. A lo largo del quinquenio anterior varios referentes de la izquierda local se encargaron de mantener vivo el recuerdo del hecho, citándolo una y otra vez como ejemplo de lo que está mal, de lo que los gobernantes no deben hacer, de las prácticas que no se deberían sostener. Nunca trascendió si hubo denuncia formal ante las autoridades nacionales del ministerio.
En el marco del proceso electoral de los años 2024-2025 reaparecieron, insistentes, las denuncias de supuestas nuevas entregas de comestibles según criterios que no consideraban los protocolos técnicos establecidos para materializar esas ayudas. Esas aseveraciones, que acompañaron todo el proceso previo a las elecciones, quizás fueron especialmente evidentes cuando al inicio del ciclo aparecieron varios muros pintados con la frase “Estamos con Ifer, porque él está con nosotros”. Esas intervenciones fueron parte del fallido intento de posicionar al entonces también edil en la carrera rumbo al sillón de Zorrilla de San Martín y Sarandí. Ante una solicitud de acceso a la información pública, el MIDES no respondió si existe un marco reglamentario sobre las posibilidades de candidatearse a cargos electivos para quienes son sus representantes políticos a nivel local. Algunos nos atrevemos a pensar que este tipo de situaciones debería tener una regulación muy nítida.
El 9 de mayo de 2024 el portal de noticias www.20once.com.uy publicó la nota “Festival de canastas” (https://www.20once.com.uy/2024/05/09/festival-de-canastas/) que recordó que “la conducción” del MIDES local “recayó en los ediles Ignacio Ifer y Alejandro Colacce, ambos ediles con pase en comisión desde la Corte Electoral, secundados por Gabriela Borjas. Las intensas actividades que despliegan ambos curules, -Colacce es seguidor del senador Jorge Gandini- impide que estén presente en la oficina departamental del Ministerio. Una de ellas es pegarse al intendente en las salidas por barrios de la capital y del interior”. En el texto se denunció “una actitud clientelar” de los directores que, “mediante WhatsApp, mandan mensajes a los funcionarios para que se entregue una canasta a tal o cual persona, al margen de criterios de vulnerabilidad. Fuentes consultadas dijeron a 20once que mediante tal mecanismo dan “orden de entregar (canastas) Ifer y Colacce” que no “están concurriendo a la oficina”. El documento estableció que hasta abril de 2024 “lo distribuido por orden fundamentalmente de Ifer y también de Colacce en este año deben de ser más de 400 canastas” “sin respetar ningún criterio objetivo de vulnerabilidad”. Desde la nota se exhortó a “mostrar” “los registros” del “sistema Smart donde consta por orden de quienes se han entregado canastas. Allí aparecerán “entrega canasta por orden del …director, subdirector. Por otra parte, hay otras entregas que hacen directores cuando visitan gente en carácter proselitista; cantidad no estimada y que superaría las 400”. Tampoco se conoció si esa denuncia periodística tuvo alguna correlación en el ámbito institucional.
Hace algunos días, en el programa La Tribu, preguntamos a quien ocupará esa dirección en el gobierno que se inicia si ha dispuesto alguna auditoria o investigación tendiente a esclarecer aquellas situaciones. María Inés Firpo, designada hace varias semanas pero que sigue sin asumir por demoras administrativas, anunció que se establecerán “nuevos protocolos” para transparentar todos los procesos, reconociendo supuestas debilidades. Y contó que, en principio, en Paysandú no se aplicarían auditorias, “que sí fueron solicitadas en otros departamentos”.
Entiendo que desde la comunidad debemos exigir que se esclarezcan todos aquellos procedimientos aparentemente carentes de transparencia. Tenemos el derecho y la necesidad de saber cómo se gestionaron los recursos públicos. Tanto mejor si resulta que todo se desarrolló según las normas; en ese caso los sospechados verán cómo actúan. Pero, al contrario, no deberíamos permanecer indiferentes si es que se detectan acciones u omisiones que hayan provocado perjuicio a la institución.
De paso, y finalmente, llama la atención que desde el Frente Amplio local no se exija a sus representantes en los cargos de gestión que, sin descuidar la tarea cotidiana, procuren echar luz sobre eventos que parecen pocos claros, para que gobierne la transparencia. El asunto no pasaría por desatar una cacería de brujas ni tampoco ir tras nombres propios, pero, supongo, que resultará necesario validar relatos y empezar a construir para el futuro.
Eduardo Rodríguez
La Tribu
Imagen destacada: foto ilustrativa, tomada de Diario Cambio de Salto.
No somos pocos los ciudadanos y frenteamplistas que no sólo esperamos, sinó que EXIGIMOS auditorias, investigaciónes y MEDIDAS ACORDES al resultado de las mismas.
ESTABLECER claramente realidades y responsables, para tomar las medidas jurídicas y económicas correspondientes.
NO DEBE TEMBLAR la mano y sinó, «dejá el lugar a otro»