El viernes 2 de diciembre de 2022, los ediles por el Frente Amplio Andrés Imperial, Verónica Villarreal, Washington Daniel Gallardo, Julio Retamoza, Mabel De Agostini, Dany Collazo, Paola Ifrán, Emerson Arbelo y Nelly De Agostini, asistidos por el abogado penalista Federico Álvarez Petraglia, pusieron en conocimiento de Fiscalía los detalles del vínculo que estableció la Intendencia de Paysandú (IDP) con la Fundación A Ganar. En él descubrieron “hechos con apariencia delictiva” por lo que solicitaron “que se adopten las medidas de instrucción necesarias” para el esclarecimiento de la situación.
Apelando a varias fuentes de información, entre ellas el resultado de una comisión investigadora de la Junta Departamental, los denunciantes expresaron que la Intendencia “habría cometido una serie de irregularidades que meritan el pase de todas las actuaciones a la Justicia Penal, al Banco de Previsión Social y a la Dirección General Impositiva” y refirieron al «informe lapidario» que sobre el asunto elaboró el Tribunal de Cuentas de la República.
Los representantes del Frente Amplio sostienen que la llegada de A Ganar (finales de 2020) se produjo en medio de “un escándalo” desatado por la concreción de la causa inicial de la incorporación de la fundación: la tercerización de los 130 trabajadores de los CAIF y el Centro Siempre del convenio Intendencia – INAU para ahorrar en aportes patronales, según fundamentó el responsable de la medida, el entonces intendente Olivera.
«Nos queda absolutamente claro que con esa excusa el ejecutivo departamental ha introducido un mecanismo de precarización del trabajador municipal, el que ya no es contratado en función pública ni como eventual sino como trabajador de una Fundación que se lo suministra a la IDP, “ahorrándose” un conjunto de aportes a la seguridad social de trascendencia, pero, lo que es peor, sometiendo a estos trabajadores a un régimen de absoluta precarización, de contratos basura, de inestabilidad laboral permanente, todo lo cual ha significado para estos sanduceros un profundo cambio regresivo en sus condiciones de vida y de estabilidad laboral e incluso emocional», señala el escrito.
Con el trascurso de los meses se hizo notorio que la contratación de la empresa, cuyos responsables estarían vinculados al Partido Nacional, “ha cambiado y cambiará de acá en más la política de recursos humanos de la IDP”, constituyéndose en suministradora de mano de obra para todas las áreas de la comuna. De hecho, según la respuesta brindada hace unos meses ante la solicitud de acceso a la información pública que presentaron Álvarez Petraglia y Mario Díaz, la Fundación A Ganar aporta unos 430 trabajadores a la comuna, casi el 25% del total de su plantilla.
Entre otros aspectos, los ediles piden que aclaren los llamados “simultáneos” para gerenciamiento de recursos humanos de las Intendencias de Paysandú y Durazno cuyos textos “son idénticos, si bien con diferencias elementales, se trata de llamados calcados, donde quien copió ni siquiera cuidó no repetir las faltas de ortografía, las cuales, al igual que la numeración, se repiten en ambos” y que se diligenciaron con poco plazo, entre las fiestas de fin de año de 2020. En ambos ganó A Ganar.
Después de recordar que el gobierno de Olivera nunca entregó una copia del contrato con la ONG “bajo la excusa de que el contrato con esta fundación es confidencial”, el escrito plantea que la firma capitalina actúa como “hombre de paja” «sólo para no pagar los tributos al BPS que la IDP debería abonar por estos trabajadores, siendo por lo menos dudoso además el supuesto “ahorro”, pues, claro está, a la fundación se le paga, nada es gratis, y es dinero que se va de Paysandú, pues la fundación no es de nuestro departamento».
Además, incorporan el pronunciamiento del Tribunal de Cuentas de la República que en la sesión del 9 de junio de 2021 observó el referido acuerdo porque “el formato elegido para la contratación, es inadecuado, violatorio de la Constitución y de la ley”. Por las cifras que involucra se debió realizar una licitación pública, que implica una serie de garantías en cuanto a los plazos y oferentes entre otros aspectos “que aquí deliberadamente no se cumplieron”, denuncian.
Dicen que “la contratación de la Fundación A Ganar es completamente irregular, violatoria del orden jurídico”, una vía para “evadir los aportes a un órgano del Estado y tener por parte de la Intendencia Departamental un mecanismo de ingreso de funcionarios sin ningún tipo de control ni concurso, facilitando el clientelismo político puro y duro”.
La denuncia señala que se podrían verificar situaciones que se “encartan en lo previsto por el Artículo 161 del Código Penal (Conjunción del interés personal y del público)” y en el “Artículo 162 del Código Penal (Abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley)».
Han transcurrido poco más de 27 meses desde la presentación del escrito correspondiente y, hasta el momento, la denuncia no tiene fiscal asignado, según pudo confirmar en las últimas horas el doctor Álvarez Petraglia. Esta no es la única denuncia contra la comuna y/o sus anteriores autoridades que ha evidenciado lo que, desde el sentido común, parece un abordaje lento. Como ejemplos se podrían citar el caso de la utilización de una casa de la Intendente como vivienda para quien ocupó un cargo jerárquico, la ocupación de un terreno de la zona norte de la ciudad en disputa judicial o las denuncias por difamación contra el exsecretario general de la Intendencia, actual diputado Farinha.
