En una etapa donde la gestión pública exige cada vez más resultados concretos y cuentas claras, diversas voces políticas y sociales convergen en una necesidad impostergable: realizar un examen profundo e independiente del funcionamiento del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) durante el período 2020–2025.
En revisión exhaustiva que no sólo busque transparentar la ejecución de los recursos, sino también respaldar técnicamente y políticamente los lineamientos que vendrán.
Evaluar lo actuado es hoy el primer paso para avanzar con mayor legitimidad.
Nos preguntamos, redefinición de convenios desde 2020: ¿eficiencia o retroceso?
Desde mediados de 2020, el MIDES dio de baja 144 convenios con organizaciones sociales, especialmente los vinculados a “Uruguay Trabaja” y “SOCAT”. La argumentación oficial fue clara: duplicaciones, escaso impacto e ineficiencia.
Un análisis detallado permitiría comprobar si estas decisiones derivaron en una mejora real en cobertura y resultados o si el recorte afectó la presencia territorial de las políticas sociales.
¿Hubo en verdad detección de fallas en controles?, ¿qué cambió
desde entonces?
Informes de control interno revelaron, entre 2021 y 2022, deficiencias estructurales: comprobantes duplicados, fondos liberados sin respaldo, pagos de alquileres sin control, y una notoria ausencia de trazabilidad documental.
Por este motivo urge una evaluación técnica externa que permita saber si esos errores fueron corregidos o si persisten prácticas administrativas deficientes que comprometen la integridad institucional.
Todos recordamos los sonados casos de Uruguay Adelante y ollas
populares: dejando luces y sombras en la ejecución
Entre 2021 y 2023 se transfirieron 332 millones de pesos a la ONG Uruguay Adelante para financiar ollas populares. Sin embargo, 63 millones no fueron respaldados con facturación ni documentación adecuada.
Una inspección exhaustiva debería determinar qué ocurrió con ese dinero, si existió negligencia, irregularidades formales o simplemente una debilidad administrativa aún sin corregir.
Otro tema es sobre cuidados, denuncias y fallos de supervisión
En 2022 se recibieron más de 100 denuncias contra cuidadores del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, sin que existiera un protocolo claro de actuación.
Se suman reportes de equipamiento sin inventariar, vehículos abandonados y procesos poco sistematizados.
Una revisión administrativa de fondo permitiría no solo esclarecer responsabilidades,
sino establecer mecanismos correctivos de largo plazo.
Una realidad preocupante es la fiscalización de residenciales: que pasos hay de la denuncia a la verificación.
La gestión del MIDES ha señalado mejoras en la fiscalización de hogares para adultos mayores, con más de 760 inspecciones en 2024. Sin embargo, un informe reciente advirtió “riesgos extremos” en los procedimientos de control. Es imperativo validar si esos avances son reales, sostenibles y efectivos.
Una verificación independiente y técnica de las acciones implementadas consolidaría su
credibilidad ante la opinión pública.
Mucho se ha hablado de la modernización del ministerio: ¿avance o precarización?
La migración hacia técnicos contratados de forma directa en lugar de ONG, especialmente en programas como Accesos, fue presentada como un paso hacia la profesionalización. Sin embargo, hay dudas sobre precariedad laboral y falta de estabilidad en los equipos de trabajo. Evaluar este cambio desde un enfoque de resultados, eficiencia y calidad de atención sería clave para proyectar futuros modelos de implementación.
Hay que fortalecer la base política y técnica de lo que viene
Transparentar lo hecho entre 2020 y 2025 no es sólo una cuestión de rendición de cuentas. Es, sobre todo, una herramienta de validación política: los datos y conclusiones que surjan de una revisión sistemática permitirán blindar decisiones futuras, neutralizar críticas infundadas y construir sobre terreno firme.
La ciudadanía no necesita sólo discursos: necesita pruebas. Y esas pruebas se construyen revisando los procesos, identificando fortalezas y corrigiendo debilidades con decisión.
Datos clave
– $63 millones sin respaldo documental (2021–23)
-144 convenios dados de baja desde 2020
-100 denuncias en cuidados en 2022 sin protocolo
-761 controles a residenciales en 2024
-Proyección de mejora del 20 % en eficiencia si se optimizan los mecanismos de control
Recomendaciones estratégicas
Realizar un informe integral de evaluación de gestión (2020–2025).
Revisar convenios, contratos, transferencias y protocolos.
Publicar resultados con claridad y abrir espacio para sanciones y correcciones.
Usar la evidencia generada para fundamentar políticas futuras.
Comunicar a la ciudadanía el impacto real de los cambios implementados.
Una gestión social sólida necesita tanto acción como verificación.
Examinar con profundidad lo actuado por el MIDES entre 2020 y 2025 es una inversión en gobernabilidad, una apuesta a la transparencia y un acto de madurez política.
No es mirar hacia atrás: es preparar mejor el camino hacia adelante.
Julio Norte
Izquierda en Marcha/Frente Amplio
