«El proceso terminó en ese juicio abreviado. Si bien tal vez que no son los resultados que esperábamos, en realidad saludamos, primero, el trabajo que hizo el fiscal; segundo, saludamos que se le haya dado este veredicto, independientemente del tiempo, porque pasó un año y medio desde que hicimos la denuncia. Esto es una señal importantísima para nosotros, y, creo que, para la industria, en un departamento que lamentablemente viene con dificultades en lo que tiene que ver a lo laboral, y que también tiene dificultades que han presentado en distintas áreas, por ejemplo, la citrícola, de cómo han traído extranjeros a trabajar en condiciones que son del siglo pasado, básicamente. Entonces, ahí hay algunas particularidades que nosotros analizamos de que, a nuestro entender, es un cierre a esta causa, pero también nos pone en perspectiva y tenemos que seguir trabajando para poder profundizar en algo que no es menor, que tiene que ver con seguir aplicando la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, y reclamando la creación de la Fiscalía que investigue lo que tiene que ver con los accidentes laborales, sean fatales o no». destacó el secretario general de la departamental Paysandú del Sindicato Único de la Construcción y Anexos (SUNCA), Matías Machuca, a poco de que se conociera la condena a tres ciudadanos chinos que ocupaban cargos gerenciales en la empresa CMEC por delitos vinculados con la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. La firma, originaria de aquel país asiático, cometió múltiples irregularidades mientras desarrollaba un trabajo de dimensiones muy considerables para UTE, tal como documentó el Ministerio de Trabajo en decenas de expedientes.
El SUNCA había pedido que se investigara la posibilidad de que los responsables de CMEC hubieran incurrido en delitos de trata de personas, en tanto la concreción de aquel trabajo incluyó varias decenas de chinos y ecuatorianos. Pero el fiscal Carlos Motta desestimó ese extremo porque, básicamente, esas personas llegaron a Uruguay con contratos de trabajo y percibieron retribuciones por sus tareas.
Según informan varios medios nacionales, las personas fueron condenadas por reiterados delitos de responsabilidad penal del empleador (ley 19196) en concurrencia en régimen de reiteración real con la pena de 8 meses de prisión que cumplirán en régimen de libertad a prueba. Deben fijar residencia, presentarse semanalmente ante la seccionar policial, realizar tareas comunitarias, al tiempo que, por ese lapso, tienen prohibido salir del país.