Al 15 de junio, la Residencia Universitaria Paysandú (RUP), construida por la Intendencia en la zona costera, tenía ocupada poco más de la mitad de su capacidad. De acuerdo con la información aportada en respuesta a una solicitud presentada por el doctor Federico Álvarez Petraglia al amparo de la ley 18.381, el espacio ideado para albergar a 140 personas aloja, al momento, sólo 77 estudiantes, a pesar de la fuerte campaña de promoción que desarrolló la comuna y que incluyó, entre otras acciones, la presencia de funcionarios jerárquicos en departamentos vecinos para ofrecer el servicio.
De los 77 residentes, 39 son del interior del departamento, de los cuales 23 ya estaban incluidos en el régimen de hogar estudiantil, 35 jóvenes vienen de otros departamentos del Uruguay y 3 del exterior, 1 de Colón – Argentina, 1 de Quaraí y otro de Santa do Livramento, Brasil.
La propuesta está dirigida, de manera exclusiva, a estudiantes de carreras universitarias, terciaria o tecnicatura
La Intendencia cobra por el servicio, como “precio promocional”, 1,5 Bases de Prestación Contributiva (BPC) al mes, indicador cuyo valor se ajusta anualmente. El valor de la unidad para 2026 es de 6.864 pesos; por lo tanto, “la cuota” mensual es de 10.296 pesos, se debe abonar “el 10 de cada mes, y se considerará en mora a quien registre 1 mes de atraso sin causa debidamente justificada ante la Administración de la Residencia. El atraso superior a 90 días será casual de pérdida del cupo, previa notificación escrita y otorgamiento de un plazo final de 10 días hábiles para regularización. La reincidencia en atrasos o incumplimientos reiterados podrá ser considerada, por la Comisión de Adjudicaciones, causal de no renovación de cupo para el siguiente periodo lectivo”, determina el Reglamento de la RUP.
El análisis de las postulaciones para el ingreso al servicio y el acceso a beneficios que abaraten la cuota está a cargo de un equipo técnico integrado por “1 gerente coordinador, 1 asistente social, 1 psicólogo”, asistidos por “área administrativa” en dependencia de la Dirección de Promoción Social del Departamento General de Servicios. Para otorgar beneficios de descuentos se considera “la situación patrimonial de cada postulante, solicitando así constancias de ingresos y egreso para realizar el estudio técnico correspondiente con la finalidad de cumplir con el programa social de nuestra dirección del proyecto de Residencia Universitaria”, explica la respuesta que recibió Álvarez Petraglia, en ese tema con las firmas del doctor Roque Jesús, como adjunto a la Dirección de Promoción Social, y de Carlos Batista, en tanto es el director general de Servicios.
El informe detalla que los 23 estudiantes oriundos del interior departamental que residían en el hogar estudiantil y fueron incorporados al nuevo servicio recibieron una beca total, esto implica que fueron exonerados del pago de la cuota; 45 jóvenes tienen el beneficio del descuento de media BPC: 5 fueron exonerados de 1 BPC y 4 pagan la totalidad del precio.
El servicio que se ofrece es “alojamiento con dormitorio compartido, espacios comunes, sala de estudio equipadas en equipos informáticos, wifi, área de ocio equipadas con un sector de gradas y pub, pantalla LSD, equipo de música, juegos recreativos; cocina con comedor para comidas rápidas, sin proceso de elaboración prolongado, equipadas con hornos, heladera, cocina; sala de lavadero y espacio para tender ropa, equipadas con 8 lavarropas con secado rápido, terraza en el piso superior, zona de esparcimiento; parrilleros y espacio abierto”.
Finalmente, el documento aporta que trabajan en la residencia 17 personas, de las cuales 4 son empleados de la Intendencia y el resto de la Fundación A Ganar; no se especifican procedimientos de selección del personal, formación, especialización, ni ningún otro detalle.
La construcción de la RUP estuvo envuelta en polémica en tanto, por decisión del intendente Olivera y con el aval de la mayoría de la Junta Departamental, se edificó violentando el Plan de Ordenamiento Territorial que establece que la zona elegida no es apta para ser utilizada como residencia; de hecho, el mismo jefe comunal impulsó la relocalización de las familias que vivían en el área conocida como de Vialidad, dado que, hace años, el espacio era referencia de la dependencia municipal de ese nombre.
La construcción demandó unos 6 millones de dólares, que seguramente incluyen costos muy considerables para elevar la base de la obra, que se podrían haber evitado si se hubiese optado por un lugar no inundadable. Sobre este punto, el ingeniero Ricardo Brasesco ha denunciado con insistencia que la residencia muestra sobre costos “escandalosos” y que su construcción, siendo industrial, básica, y de menor escala, resultó más cara que la Torre de la Defensa y el sanatorio de COMEPA, si es que se comparan costos de metros cuadrados de un caso y otro.
Además, contrariando lo que dispuso la Junta Departamental en agosto de 2020, cuando aprobó la contratación del Fideicomiso Financiero Paysandú II, el intendente determinó que una buena parte de los recursos surgidos en ese origen y que correspondían a los sanduceros del interior fueran afectados a la residencia para estudiantes terciarios. Oportunamente, el gobierno departamental intentó defender esa disposición por “las oportunidades” que se generarían para “nuestros gurises”. Sin embargo, en mayor o menor medida, los muchachos que vienen de las localidades están aportando al mantenimiento del servicio, cuyo costo operativo no se conoce con exactitud, dado que los que recibieron la beca total ya tenían un beneficio similar cuando vivían en el viejo hogar estudiantil.
El emplazamiento de la RUP también generó rechazo por lo distante que se encuentra de los lugares de estudios, según algunos a unos 3 kilómetros del centro de la ciudad, lo que implicaría un desaliento considerable cuando por costos similares, o aun más bajos, se consiguen alojamientos a escasas cuadras de las instituciones de formación.