Desde hace unos cuantos años, los trabajadores de la planta de cemento portland de Ancap que opera en la zona de Nuevo Paysandú conviven con la incertidumbre sobre el futuro de la unidad productiva. En tanto el área cementera de la empresa pública resulta deficitaria, con déficit que llegan a los 700 millones de dólares en lo que va del siglo, las alternativas que habitualmente consideran los diversos Directorios del ente pasan, básicamente, por reducir la actividad de la fábrica del norte de la ciudad de Paysandú.
En ese contexto, en setiembre de 2020 la Federación Ancap (FANCAP), el gremio que congrega a los trabajadores de ANCAP, con el apoyo del Plenario Departamental del PIT CNT, convocó a la conformación de la Comisión en Defensa de la Planta de Portland de Paysandú a la que suscribieron referentes políticos bajo una premisa clara, la de luchar para mantener la industria en manos del Estado, así como reclamar las inversiones necesarias en procura de que mejore la capacidad productiva de la planta. El propósito estaba clarísimo y a él acudieron referentes locales y nacionales para formalizar una adhesión en un acto que tuvo lugar el viernes 4 de setiembre de 2020, en Plaza Artigas de la capital sanducera. En ese momento la campaña por las elecciones departamentales y municipales llegaba a su etapa de definición; los actos eleccionarios que debieron cumplirse en mayo se pospusieron como consecuencia de la pandemia.
La verdad es que la comisión nunca funcionó como tal, al menos con la integración de todos los políticos que se adhirieron, dado que fue muy difícil concretar encuentros, según lo que oportunamente se denunció desde FANCAP. En ese sentido, surge la duda sobre cuánto podría haber incidido el contexto electoral en la asunción de compromisos que no fueron sostenidos en los hechos, al menos por la mayoría de quienes pusieron su nombre al pie del documento cuyo contenido básico es el siguiente.
La Comisión de Defensa de Portland Paysandú tiene como sentido trabajar para que la actividad cementera de ANCAP permanezca dentro de la órbita estatal y pública, reivindicando la concreción de las inversiones que permitan mejorar la competitividad de la planta local, entre ellas las requeridas para la instalación de una nueva fábrica que durante años ha estado guardada en contenedores y que popularmente se conoce como “el horno III”.
También asumió la defensa de todos los puestos de trabajo, tanto en la planta como en las actividades vinculadas, entre ellas el transporte, el comercio y los talleres. Según el documento, la industria cementera es fundamental para el desarrollo económico y laboral de Paysandú.
Además, se plantea impulsar una industria cementera con una visión de mediano y largo plazo, aprovechando la ubicación estratégica de la Planta Paysandú y la posible demanda de cemento en el norte argentino y en Uruguay, especialmente para obras viales, educativas y viviendas sociales.
Finalmente, se propone crear una ley de compra estatal de cemento, para que el Estado priorice la adquisición de cemento Portland producido por ANCAP. La finalidad sería fortalecer la industria nacional, mejorar su eficiencia y promover su crecimiento.
¿Qué políticos firmaron el documento, uniéndose a la comisión?
Además de referentes del gremio convocante, de representantes del PIT CNT y de organizaciones sociales, acompañaron la creación el entonces intendente, Mario Díaz (FA), quien presidía la Junta Departamental, Hermes Pastorini (FA); los diputados Nicolás Olivera (PN que pocos días después fue electo intendente y que, según el gremio, no ha tenido el compromiso que la causa demanda), Cecilia Bottino (FA) y Ricardo Molinelli (PC); Eduardo Lust, entonces en Cabildo Abierto; el senador Oscar Andrade (FAO); Guillermo Caraballo (FA), exintendente y entonces candidato a la Intendencia; Marco García (FA), entonces candidato a intendente, y Juan Gorosterrazú (FA), entonces del equipo de diputación de Bottino, hoy diputado.
Lejos de que aparezcan soluciones, la situación de esa industrial parece agravarse con señalas del gobierno que, según descifran los trabajadores, apuntan “al cierre encubierto” con la consecuente probable pérdida de un centenar de puestos de trabajo y el desarraigo de unos 50 trabajadores y sus familias, que pasarían a desempeñarse en ot
ras plantas de ANCAP. Quizás la coyuntura amerite volver a convocar a quienes establecieron su compromiso, y allí se verá quienes, en otro contexto, lo refrendan.
Lee el documento firmado en setiembre de 2020: