El medio argentino Ámbito (www.ambito.com) divulgó este fin de semana la noticia de que la Justicia Federal de ese país «dio un nuevo paso en la causa iniciada contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay SA por el proyecto para instalar una planta de combustible sintético en Paysandú, al ordenar que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) aporte estudios e información técnica sobre la calidad de las aguas en la zona donde se prevé desarrollar el emprendimiento».
Ocurrió que el juez federal Hernán Viri hizo lugar al planteo de la perito bióloga que «solicitó acceder a documentación científica actualizada para elaborar el informe técnico requerido por el juzgado» en el marco de la «acción preventiva por posibles daños ambientales» que promueven los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay y el senador Adán Bahl a partir del concepto de que los procesos de habilitación de proyectos como el de HIF, que tendría consecuencias directas e indirectas en el curso del río y su entorno, deben ser considerados según el Estatuto del Río Uruguay; documento que Argentina y Uruguay firmaron en 1975 regulando el uso, aprovechamiento y conservación del «paterno» y dando forma a la, binacional, CARU.
Concretamente, la asistente técnica del juzgado, «pidió informes, estudios, monitoreos y antecedentes vinculados a la calidad del agua en el tramo comprendido entre Termas de San José y la ciudad de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos», ante lo cual el juez «libró un exhorto a la CARU para que remita toda la información solicitada. La resolución busca fortalecer el análisis técnico del expediente ante las advertencias de los demandantes sobre posibles impactos ambientales derivados de la instalación de la planta».
«Mientras tanto, HIF Global continúa negociando con el gobierno uruguayo los últimos detalles de la inversión. La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, informó que la empresa tendrá plazo hasta diciembre para definir si concreta el proyecto en Paysandú», señala Ámbito.