«Es una herramienta para tratar de subsanar estas situaciones irregulares y permitirle a una porción importante de la población, que carece de techo propio, de tener oportunidades de acceder a una vivienda», destacó Álvaro Lima, diputado por Salto por el Frente Amplio, sobre la ley, recientemente aprobada, de expropiación de inmuebles con deudas compensables con el Estado.
Tras valorar el amplísimo apoyo político que concitó la iniciativa, el legislador explicó cómo se ejecutaría el proceso, reivindicó las acciones del gobierno de su partido «para atender las necesidades reales» y descartó que la medida termine violentando el derecho a la propiedad privada.
Entre otros datos, en la discusión parlamentaria se señaló que en Uruguay hay unos 97.000 inmuebles vacíos, que no están a la venta ni en alquiler, mientras unas 200.000 personas viven en asentamientos irregulares, 40.000 están en condiciones de hacinamiento, 69.000 viven en zonas inundables y los hogares con infancias a cargo tienen 20 veces más problemas estructurales que los hogares sin niños.