Para la edil Natalia Martínez «no sorprende para nada» que el oficialismo de la Junta Departamental de Paysandú no habilitara la conformación de comisiones investigadoras para estudiar los polémicos casos de Guadalupe Caballero y Rodrigo Vercellino. «La derecha sigue blindando una gestión que, como dije en el recinto de la Junta, está viciada de aspectos que lindan bastante con la ilegalidad; o, por lo menos, de cuestiones que llaman la atención de la ciudadanía y que deberían estar arriba de la mesa con datos oficiales y con algún tipo de información. Pero, lamentablemente, nosotros no podemos acceder a absolutamente nada de esa información».
Después de rechazar la idea esgrimida por algunos ediles nacionalistas, que valoraron la intención de investigar como «circo político», la representante del Frente Amplio reivindicó «el derecho y la obligación que tenemos, como ediles, para investigar las cosas que pasan bajo responsabilidad del intendente Olivera. Hoy corre por toda la ciudad, es vox populi, que hubo situaciones que son vergonzosas para la comuna y nosotros entendemos que tenemos el derecho de preguntar qué pasó o qué está pasando».
«Nada nuevo bajo el sol», dijo Martínez consultada sobra la posición de la bancada del Partido Colorado, que, en los últimos años tampoco apoyó la creación de investigadoras, en línea con el Partido Nacional. «Viene manteniendo la misma conducta y creo que es coherente en su accionar. Eso ha sido durante el periodo pasado y en lo que va de este, haciendo las mismas cosas. A mí me asombraría que actuara de otra forma».
Tras señalar que la tarea de las preinvestigadoras sobre los temas referidos «está viciada de nulidad desde el momento en que los documentos presentados no fueron firmados por ninguno de los dos ediles denunciantes, como tampoco hubo acta que documentara los materiales entregados ni hubo citaciones a declarar como dice el reglamento» y denunciar que no están dadas las condiciones para cumplir con el mandato constitucional que compete a los ediles, Martínez dijo que los representantes del Partido Nacional en la Junta «son antidemocráticos, antirreglamentarios, hacen cosas inconstitucionales y, además, usan el reglamento interno de la Junta como se les antoja».
«La cuestión acá es blindar una gestión que, vuelvo a decir, está viciada o plagada de cuestiones que la sociedad sabe que son irregulares o que, por lo menos, tienen toda la posición como para ser investigadas y no se investigan. Yo creo que la responsabilidad es de todo el Partido Nacional. Acá nadie se exime de ninguna responsabilidad, porque a la hora de levantar la mano, todos levantan la manito, todos juntos. Entonces, a mí, el cuento de yo soy diferente no me alcanza. El relato tiene que venir acompañado de acciones y por ahora las acciones no se ven».