“En realidad, lo que contesta la Intendencia termina ratificando lo que ya veníamos sosteniendo hace tiempo, que los cargos de prosecretaria y coordinador de gabinete no existen”, destacó el doctor Federico Álvarez Petraglia al analizar la respuesta brindada por la comuna a su solicitud de acceso a la información pública presentada en procura de conocer la formalidad de los roles que ostentan Mariana Mazzilli y Manuel Appratto, respectivamente.
La documentación aportada confirma que, en julio de 2025, como una de las primeras acciones de su segundo período de gobierno, el intendente Olivera firmó resoluciones disponiendo que ambos funcionarios pasen a desempeñar las referidas funciones, estableciendo compensaciones de algo más de 48.000 pesos a sus salarios, que corresponden a los cargos en los que están presupuestados, percibiendo, en ambos casos, retribuciones nominales totales de algo más de 111.000 pesos mensuales.
Álvarez Petraglia recordó que, en el proyecto de Presupuesto, el intendente pidió a la Junta Departamental la creación de varios cargos jerárquicos, entre ellos el de prosecretario y de coordinador de gabinete, lo que fue rechazado por el legislativo, incluso con votos del partido político de Olivera, el Partido Nacional. “Entonces, ¿qué es lo que hace el señor intendente? Desoyendo completamente a la Junta, y como en general no le importa el cumplimiento de las normas, decide, por si y ante sí, tener una prosecretaria y un coordinador de gabinete”, fustigó el penalista que no descartó que la situación contravenga normas administrativas y penales y que las responsabilidades podrían corresponder tanto a quienes ostentan cargos que no existen como a quien los otorga.
Según se lee en la respuesta, desde la Asesoría Jurídica de la Intendencia se intenta esgrimir el argumento de que se trata “de funciones” y no de cargos. Para quien integró el equipo de gobierno departamental entre 2015 y 2020, esa “lectura” puede ser “atendible”, pero la esencia es que «los cargos no existen» y por eso el intendente oportunamente pidió su creación en la Junta, que es el único procedimiento posible para el establecimiento de esas innovaciones.
Después de asegurar que los roles atribuidos a los funcionarios a través de las resoluciones referidas no constituyen novedad alguna en tanto “son cosas que toda la vida se hicieron en la Intendencia, que le competen al secretario general”, Álvarez Petraglia dijo que la decisión del intendente, que termina premiando a “operadores políticos”, significa “un problema jurídico grave que puede mesurar un tema penal, eventualmente”, aunque recordó que la Justicia no atendió ninguna de las denuncias presentadas en los últimos años contra la Intendencia.