“Hay algo que a mi realmente me sorprende y es que, al menos hasta ahora, acá en Paysandú, cada vez que presentamos ante la Justicia una denuncia vinculada a la Intendencia Departamental no pasa nada, nunca pasa nada, y la verdad que no entiendo por qué”, enfatizó el abogado Federico Álvarez Petraglia.
En algunos casos firmando como denunciante y en otros actuando como patrocinante, el penalista ha solicitado ante Fiscalía el esclarecimiento de varios hechos con apariencia delictiva encontrando como respuesta, invariablemente, la no tramitación de esos asuntos. Los episodios refieren a acciones de gobierno del intendente Olivera, y están vinculados directamente al jefe comunal y/o con algunos de sus funcionarios de confianza política, lo que implica el interés general del abordaje de esos episodios, que, sin embargo, han terminado sin ser objeto de análisis.
“Y bueno, en el fondo uno tiene la esperanza de que, quizás, alguna vez, algún fiscal se interese, pero, la verdad, por lo que hemos visto hasta ahora, es que eso parece bastante poco probable”, lamentó el abogado, al tiempo que también hizo notar que, en otro ámbito, “la oposición política tampoco valora temas que no son menores”.
“La verdad es que no logro entender. Cuando estos casos involucran la gestión del gobierno departamental, cuando se involucran cosas muy importantes, cuando hablamos de cifras de dinero muy importantes, cuando estamos ante decisiones y acciones reñidas con la ley, y que nunca pase nada, la verdad, me sorprende mucho, me sigue sorprendiendo”, aseveró.
Algunas de esas denuncias
La muerte del “Cube”
La fiscal Carolina Martìnez no encontró mérito para investigar la muerte Brian Pintos sucedida en el basurero de la ciudad de Paysandú, espacio que corresponde a la Intendencia. Según dijo la propia funcionaria a los medios de prensa, el hombre de 28 años murió aplastado por una pesada máquina propiedad de la comuna y conducida por un funcionario municipal, que, según varias versiones, ha seguido al frente de otros rodados “públicos”.
El siniestro sucedió en la madrugada del sábado 16 de octubre de 2021, cuando el “Cube” y otras cuantas personas se abocaban a la tarea de hurgar en la basura en procura de material reciclable que, básicamente, vendían a la empresa Sandeco cuyo vínculo (ya disuelto) con la Intendencia siempre estuvo rodeado por un manto de dudas. La operativa de aquella madrugada, habitual en aquel momento, según decenas de testigos, violentó el reglamento de funcionamiento del basurero, pero el incumplimiento no tuvo consecuencias en ningún ámbito.
Silvia Ruiz, madre del fallecido, había presentado la denuncia a principios de noviembre de aquel año.
El caso Facello
El intendente de Paysandú podría haber cometido abuso del cargo cuando autorizó que un jerarca utilizara en provecho propio, como casa habitación, un inmueble propiedad de la Intendencia.
Desde finales de 2020 y hasta junio de 2022, Lucas Facello estuvo viajando desde su lugar de residencia, Tacuarembó, para desempeñarse como director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Paysandú. Con ese propósito usufructuaba de lunes a viernes la popularmente conocida como “casa del intendente”, vivienda sita en Uruguay 568, pasando calle Entre Ríos, en el extremo oeste de la ciudad. Esa utilización habría resultado de un “procedimiento anormal” y “del ejercicio indebido del poder público, con pleno conocimiento e intención” expresó Álvarez Petraglia en la denuncia presentada el lunes 22 de noviembre de 2021.
La cesión estuvo reñida con la normativa; “no existe autorización de especie alguna que permita esta utilización por parte de la Intendencia en beneficio particular de un funcionario de confianza política”. Facello percibía un salario para la tarea que se le encomendó y el Estatuto del Funcionario de la Intendencia no prevé la posibilidad de pago de salarios en especie. En consecuencia, “al no estar fundado jurídicamente en ninguna norma, deviene claramente en arbitrario”, argumentó el penalista y enfatiza que la decisión fue “irregular, al no existir norma que avale tal proceder y estar inficionado el acto por no haber sido dictado para satisfacer una necesidad de carácter público de interés general, sino de carácter privado, lo que claramente le está vedado a las autoridades departamentales”. Señala que esa utilización de un bien púbico también implicó perjuicio a la administración. La denuncia nunca tuvo fiscal asignado.
La polémica llegada de A Ganar
Como resultado de un proceso que el Tribunal de Cuentas valoró como “inadecuado, violatorio de la Constitución y de la ley”, en 2021 desembarcó en Paysandú la Fundación A Ganar, cuyos responsables son connotados nacionalistas, cercanos al presidente Lacalle. En los últimos años la ONG ha conseguido una gran cantidad de contratos con el Estado. De hecho el llamado que habilitó su llegada a suelo sanducero se diligenció en el mismo momento que uno de Durazno; llamativamente ambos textos presentan, básicamente, el mismo contenido y hasta las mismas faltas de ortografía. El intendente Olivera defendió la precarización de algo más de 130 trabajadores de ocho CAIF y un Centro Siempre con el argumento de un ahorro anual de 14 millones de pesos en tanto la fundación está exonerada de aportes patronales. En realidad, la empresa es un suministrador de mano de obra barata que, al momento, según reconoció la propia Intendencia, aporta unos 500 empleados que cumplen las más diversas tareas. En algunos casos específicos sin que reciban las compensaciones correspondientes a tareas especiales, como por ejemplo quienes participan en el servicio de recolección de residuos.
El viernes 2 de diciembre de 2022 once ediles del Frente Amplio pidieron a la Justicia que se investigue el vínculo entre intendencia y fundación, pero nunca se asignó fiscal a la denuncia.
Llamativamente, el caso no ha sido de interés para el BPS ni la DGI, aunque desde el ámbito político se insiste en los conceptos de evasión y defraudación.
Exsecretario general denunciado por difamación
Alberto “Veto” Severo militó para el actual intendente, incluso constituyó su lista propia, la 18 (PN). Después de algunas polémicas públicas, en las que el ahora militante frenteamplista denunciaba que no había sido integrado al equipo de trabajo, en febrero de 2021, Olivera dispuso su ingreso a la Fundación A Ganar.
El puesto de trabajo no llenó las expectativas de Severo que manifestó su desilusión en una conversación de WhatsApp que se hizo viral. El hecho provocó el rechazo del jerarca y su círculo más inmediato. La relación ganó en tensión hasta que en marzo de 2022 fue notificado de la baja por notoria mala conducta, acusado de apropiarse de unas chapas que habían sido desechadas en el parque municipal.
Severo asegura haber sido víctima de “una cama”, el costo por haber sostenido una posición crítica con el gobierno. Sin investigación alguna, el secretario general de la Intendencia, Fermín Farinha, ordenó el cese de Severo por notoria mala conducta. En agosto de 2022 el exfuncionario denunció a Farinha por difamación, pero ese caso tampoco tuvo avances.
¿Y qué pasa cuando denuncia el intendente?
Álvarez Petraglia lamentó que esa aparente inacción contraste con el diligenciamiento apreciado hacia alguna denuncia realizada por el intendente Olivera, por ejemplo, cuando a comienzos de su primer mandato demandó a un usuario de Facebook por acusaciones agraviantes. Hace unos días, el jefe comunal anunció nuevas denuncias, «veremos qué pasa, si las atienden distinto que a las nuestras», concluyó el abogado.
