Los trabajadores de la planta de cemento portland de ANCAP sita en la zona de Nuevo Paysandú, en el norte de la capital sanducera, denuncian el «silencio» del gobierno respecto al proceso de definición sobre el futuro de la unidad productiva, cuya operativa pretende ser considerada en procura de abatir las pérdidas de la división de la empresa estatal; los saldos negativos superan los 20 millones de dólares en lo que va del siglo.
En ese sentido, el Directorio de la empresa promueve una serie de medidas que son rechazadas por los trabajadores «porque implica un cierre encubierto de la planta», la pérdida de más de un centenar de puestos de trabajo y el desarraigo, por reubicación, de medio centenar de ancapeanos. Así, la organización ha presentado propuestas que ayudarían a equilibrar los números y que el Ejecutivo se comprometió a analizar, pero al momento no han surgido respuestas. De hecho, desde el Ministerio de Industria se anunció que en el mes de octubre se reestablecería el ámbito de diálogo en el que se presentarían planteos concretos para avanzar en la toma de definiciones lo que no sucedió, activando la idea de que «el plan del Directorio sigue firme».
De concretarse este extremo, se consolidaría un notorio incumplimiento de los compromisos asumidos por el presidente Orsi «en el sentido de defedner la permanencia de los puestos de trabajo», enfatizan los dirigentes de Federación Ancap (FANCAP) y SUNCA, a cuya rama de Industrias Extractivas corresponden quienes se desempeñan como privados en la cementera.
«Estamos en alerta», dijo el presidente de FANCAP Paysandú, Horacio Depratti, que enumeró una serie de indicadores que conducen a la idea de que la planta local tiene los días contados, al menos como la hemos conocido durante medio siglo. El dirigente relativizó los resultados que surgirían «del plan del Directorio» y afirmó que los ahorros que allí se promueven «los terminarán pagando los trabajadores, por los puestos que se van a perder y por el costo social por los que tendrían que irse del departamento».
Según las primeras versiones, de consolidarse el esquema del gobierno, la actividad de la planta «se reduciría a un 20% de lo que es hoy» para lo cual bastarían «unos 50 trabajadores» de los 200 de la planilla actual. De ese total, la mitad son funcionarios de Ancap y el resto pertenece a empresas privadas. Un medio centenar de trabajadores públicos sería redistribuido en las plantas de la empresa, «sobre todo en Minas», mientras que para los casi cien privados no habría garantías concretas
Luis Correa, referente de los tercerizados, lamentó que «se cierren todas las puertas» y afirmó que el sistema político local ha estado indiferente ante lo que valoró como un gran problema para el departamento.
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