“Creo que son muchos factores. Pero, las facilidades fiscales, obviamente, y la flexibilidad ambiental son algunos”, dijo el sociólogo Daniel Pena para responder sobre porqué las multinacionales buscan asentar sus proyectos en Uruguay.
Entrevistado en el espacio del Movimiento Paysandú por un Uruguay Soberano, el investigador enfatizó que el país ha flexibilizado “las normas ambientales para que se pueda contaminar más. No le generamos conflicto político, comunitario o territorial. Acá las tierras están 100%, o casi 100%, escrituradas a nombre del privado; no hay tierras comunales, de comunidades indígenas o afro que les disputen, digamos, los derechos territoriales”.
También aludió a los beneficios que consiguen las empresas en las denominadas “zonas francas”, que implican renuncias impositivas que terminan privando al Estado, y a sus poblaciones, de recursos muy considerables.
El sociólogo, que desde hace años investiga los efectos de la forestación, tema que abordó en sus tesis de maestría completada el año pasado, reivindicó la necesidad de que se debate sobre la urgencia de implementar modelos productivos que resulten sustentables y respeten todos los derechos de la gente, para lo cual debe existir un compromiso explícito de la comunidad. “Seguro que no es dejándole la responsabilidad sólo al gobierno, porque los gobiernos son directamente aliados de las empresas, son las mismas personas. De hecho, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, Oddone, el ministro actual, trabajó hasta hace pocos años como uno de los principales socios de la consultora C.P.A. Ferrer, que se dedicó a hacer todos los estudios de impacto ambiental de UPM2. O sea, es la misma persona ¿Se entiende, no?”, indagó y dijo que esa forma de vínculo entre empresarios y gobernantes “se da sin importar si es la derecha o el progresismo”.