Durante años bastaba una sola pregunta para dar por terminada cualquier discusión.
-¿Y si no vacuno a mis hijos?
-El Estado te va a obligar.
Y la conversación moría ahí. No importaba si la decisión nacía de convicciones filosóficas, religiosas, médicas o simplemente de la prudencia de unos padres que querían informarse mejor. El mensaje era siempre el mismo: no había alternativa. El Estado decidiría por ellos.
Sin embargo, dos recientes fallos de los Tribunales de Apelaciones de Familia, de casos judicializados en Tacuarembó, obligan a revisar esa certeza que durante tanto tiempo pareció incuestionable. No porque los tribunales hayan condenado las vacunas – no lo hicieron-, tampoco porque hayan prohibido vacunarse.-Lo que hicieron fue recordar algo mucho más importante: en un Estado de Derecho el ejercicio del poder tiene límites y esos límites deben justificarse.
En uno de esos fallos, el Tribunal fue categórico al señalar que en el expediente no existía un informe que acreditara que la aplicación de las vacunas cuestionadas fuera “imprescindible” para preservar la vida o la integridad física de los menores involucrados. No dijo «conveniente». No dijo «recomendable». Utilizó una palabra jurídicamente mucho más exigente: “imprescindible”, y esa diferencia no es un detalle semántico; Es la distancia que existe entre recomendar una conducta y habilitar que el Estado pueda imponerla por la fuerza.
Quiero ser absolutamente transparente con quienes leen esta columna: Mi posición respecto de la vacunación, en las condiciones actuales, es crítica. Creo que toda intervención médica debe sustentarse en un consentimiento verdaderamente libre e informado y que ninguna persona debería tomar una decisión sanitaria condicionada por el miedo o por la convicción de que carece de toda posibilidad de elección. Esta es mi opinión.
Pero los fallos judiciales son otra cosa y precisamente por eso merecen ser conocidos.-Porque, más allá de la postura que cada uno tenga sobre las vacunas, demuestran que la Justicia no está para repetir consignas sino para controlar que las decisiones del Estado respeten la ley, las garantías y los derechos de las personas.
Es que durante demasiado tiempo muchos ciudadanos actuaron convencidos de que no existía margen para decidir. Que la discusión estaba cerrada, que cualquier resistencia terminaría siendo inútil y los recientes pronunciamientos judiciales, compartan o no sus fundamentos, vuelven a abrir ese debate. Y eso, mis amigos, en una República, nunca debería verse como una amenaza, por el contrario; Una sociedad madura no le teme a las preguntas. Las necesita.
Porque la ciencia avanza preguntando, el Derecho evoluciona discutiendo, y la libertad sólo existe cuando los ciudadanos pueden decidir con información y no bajo la presión del miedo.
Quizá estos fallos no cambien la opinión de todos sobre las vacunas -ni tienen por qué hacerlo-, pero ya consiguieron algo que considero mucho más valioso: recordarnos que incluso las políticas públicas más sensibles pueden —y deben— ser sometidas al control de la Justicia.
Cuando eso ocurre, no pierde la salud pública, no pierde la ciencia, pierde el miedo…Y cuando el miedo pierde un juicio, la libertad recupera una parte del terreno que nunca debió abandonar.