El viernes 10 de julio, a las 10:00, más de 60 organizaciones sociales y muchos ciudadanos, de manera particular, presentarán un petitorio a la Corte Electoral solicitando que se deje sin efecto una resolución administrativa de marzo del año en curso que, «de manera arbitraria», introdujo modificaciones en las exigencias para los procedimientos de plebiscito, referéndums y consulta popular «que complejizan el acceso a esos recursos» y terminan «cercenando derechos», se afirma desde los colectivos.
Las organizaciones que impulsan la acción, y que se convocan para esa instancia en la capital del país, han emitido un comunicado a la opinión pública en el que dan cuenta de la situación planteada, documento que se transcribe a continuación.
Mientras tanto, el Movimiento Paysandú Soberano y los colectivos que han desarrollado la recolección de firmas en apoyo a la iniciativa legislativa para que la Junta Departamental de Paysandú declare la prohibición de la instalación de industrias de hidrógeno verde y sus derivados en territorio sanducero, continúan esperando que el organismo electoral inicie el proceso de contralor de las 17.201 firmas que avalan aquel pedido y que podrían significar, en la medida de que el legislativo departamental no se expida, la convocatoria a una consulta popular. Los responsables de la iniciativa entienden que la Corte no debe aplicar su normativa interna, gestada en marzo, a un proceso que se inició en mayo del año pasado, No obstante, reclaman definiciones claras y rápidas. La preocupación de la militancia se hace evidente, por ejemplo, en pintadas como la que se muestra en la imagen destacada de esta nota.
A la opinión pública
RESOLUCIÓN DE LA CORTE ELECTORAL CERCENA EL DERECHO DE INICIATIVA CIUDADANA GARANTIZADO POR LA CONSTITUCIÓN
Las organizaciones y colectivos sociales abajo firmantes, en ejercicio del derecho de petición establecido por la Constitución de la República, presentamos hoy a la Corte Electoral la solicitud de anulación de la resolución que pretende modificar los requisitos para expresar la adhesión de las ciudadanas y ciudadanos a iniciativas de reforma constitucional, referéndums y apelaciones contra decretos departamentales, amparados por normas constitucionales y legales.
Por una resolución administrativa de marzo de este año, la Corte Electoral dispuso que, además de la Credencial Cívica y la firma, se debe estampar la huella digital y en una hoja separada, por cada persona, para adherir a las iniciativas populares mencionadas. Actualmente, en el caso de referéndums para anular total o parcialmente una ley se requiere la impresión digital, pero esta exigencia fue establecida por una ley, no por una decisión de la Corte Electoral. Por ejemplo, para un plebiscito nacional se requiere el apoyo del 10% de los electores, son unas 270.000 firmas, con un 14% adicional por los descartes habituales. Si cada firma requiere una hoja de papel, la campaña debe contar con unas 500.000 papeletas que, a dos pesos por cada impresión, ronda el millón de pesos, Es una exigencia sumamente gravosa e inviable para un colectivo de simples ciudadanos o una organización social sin fines de lucro.
En su decisión, la Corte Electoral invoca los literales A y C del artículo 322 de la Constitución de la República, que establece las facultades de la Corte Electoral, pero en ninguno de esos literales se le asigna la potestad de establecer los requisitos para expresar la adhesión de los ciudadanos a las iniciativas mencionadas sin una ley adoptada por el Parlamento que lo disponga.
En resumen, la resolución de la Corte Electoral configura, sin fundamentos que lo justifiquen una imposición de exigencias que restringen indirectamente el ejercicio de derechos garantizados por la Constitución. Además, la decisión carece de respaldo legal y está invadiendo atribuciones del Poder Legislativo. Por tales razones, las organizaciones y colectivos firmantes solicitamos su inmediata anulación y seguiremos movilizados hasta que esto se haga efectivo.