Mientras Uruguay se consolida como el principal destino de cubanos que huyen de la crisis, un negocio ilegal de tráfico de personas y la precarización laboral tiñen de gris la oportunidad de libertad en el Cono Sur.
Montevideo, 2026. La imagen de familias cubanas completas llegando a la terminal de ómnibus de Montevideo se ha vuelto recurrente. Uruguay, un país conocido por su estabilidad democrática y sus leyes migratorias abiertas, se ha convertido en un faro para quienes escapan de la profunda crisis de la isla. Sin embargo, detrás de la narrativa de acogida, se esconde una realidad donde el sueño de una vida mejor choca con un costo de vida elevado, salarios ajustados y una sombra de tráfico de personas que la oposición política y ciertos sectores sociales uruguayos han comenzado a instrumentalizar.
El éxodo sin precedentes
Uruguay cerró 2025 con un récord histórico de ingresos de ciudadanos cubanos. Durante el año ingresaron al país más de 22.000 cubanos, mientras que cerca de 7.000 se retiraron, lo que dejó un saldo neto de 14.900 personas, casi el triple que en 2024. Un total de 13.900 ciudadanos cubanos tramitaron la Cédula de Identidad por primera vez en 2025, convirtiéndose en la segunda nacionalidad con mayor cantidad de solicitudes, sólo por detrás de los uruguayos. La cifra quintuplicó la cantidad de cédulas emitidas a ciudadanos argentinos (2.600), brasileños (2.500) y venezolanos (2.000).
Organizaciones como Uruvene, que acompañan a los recién llegados, confirman la magnitud. Atendieron a 942 ciudadanos cubanos en 2025, muy por encima de otras nacionalidades. «Hemos notado que llegan de a cinco por familia, grupo familiar completo», señaló Yanitze Gutiérrez, integrante de la organización.
La ruta de los «coyotes» y el tráfico de personas
El verdadero escándalo no está en la ley migratoria, sino en el camino que lleva a los migrantes hasta ella. Un informe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), realizado junto a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), revela las entrañas de este fenómeno.
Según el informe, entre enero y octubre de 2025 se registraron más de 11.000 salidas de ciudadanos cubanos por la frontera terrestre entre Santana do Livramento y Rivera, lo que representa un promedio de 30 personas por día utilizando los controles migratorios conjuntos. La ABIN advierte que los cubanos ingresan mayoritariamente por los estados de Amapá y Roraima, a menudo utilizando «trochas» o senderos ilegales, pagando sumas que oscilan entre los 300 y los 10.000 dólares a coyotes. En un sólo operativo en Roraima, la Policía Federal de Carreteras de Brasil rescató a 108 cubanos que habían pagado hasta 2.800 dólares al contrabandista para ser trasladados desde la frontera con Guyana. El informe advierte sobre la «profesionalización de las redes criminales» y la necesidad de una respuesta coordinada entre países de la región.
El espejismo económico: salarios vs. costo de vida
Quienes logran sortear a las mafias se topan con la dura realidad económica. Uruguay es uno de los países con el costo de vida más alto de Sudamérica. Si bien el Salario Mínimo es relativamente alto, unos 550 dólares, la canasta básica y los servicios consumen gran parte de ese ingreso.
El testimonio de migrantes cubanos revela las dificultades para acceder al empleo formal. Una creadora de contenido cubana en Uruguay relató que su cédula como solicitante de refugio se demoró aproximadamente tres meses en ser emitida, lo que dificultó acceder a un empleo formal. «No es que sea muy fácil, porque por lo general no quieren hacer contrato si no tienes la cédula, pero desde mi experiencia sí encuentras trabajo en donde te hagan ese contrato con pasaporte», contó. Reconoció que muchas personas deben aceptar empleos informales, con salarios bajos o inestables: «Obviamente no son los trabajos que uno sueña tener en su vida, pero son trabajos honestos y que te dan el plato de comida y el techo en el que uno vive» .
Una investigación de Mixed Migration Centre revela que sólo el 20% de los cubanos encuestados en Montevideo poseía residencia permanente o temporal y que los retrasos en los trámites de documentación son la principal barrera para acceder a derechos. Para inicios de 2024 se reportaban 16.000 casos de extranjeros con expedientes atrasados, de los cuales 12.800 correspondían a partidas de nacimiento. Esta cifra creció a 28.000 a mediados de 2025.
El oportunismo político y los discursos de odio
El aluvión migratorio ha traído consigo un caldo de cultivo para el oportunismo político y la xenofobia. Sectores de la oposición han encontrado en la comunidad cubana un chivo expiatorio para canalizar el malestar social. El caso más reciente ocurrió en Santa Rosa, Canelones, donde un concejal local afirmó que «los vecinos no aguantan más» la presencia de la comunidad cubana, atribuyéndoles ruidos molestos y un «crecimiento excesivo» que representa ya el 13% de la población de la localidad.
Las declaraciones rozaron el amarillismo al asegurar que algunos residentes «toman pastillas para dormir» por la música alta, y que la saturación migratoria «hace mella en todo, en la salud, en todos lados». El concejal exigió a los cubanos que «se acostumbren a lo que es Uruguay», describiendo incidentes con contenedores de basura como evidencia de una supuesta falta de adaptación.
Dentro de la propia comunidad cubana, particularmente entre aquellos que han llegado con un discurso ferozmente opositor al régimen de la isla, se ha instalado una lógica de «competencia por la integración». Algunos cubanos, buscando distanciarse de sus compatriotas para ganar aceptación, han contribuido a la difusión de estereotipos negativos sobre aquellos que, según ellos, no se adaptan o «no entienden» las normas locales.
Las redes sociales reflejan esta polarización. Frente a comentarios de apoyo como «Uruguay necesita gente como vos, trabajadora y de bien», aparecen mensajes de rechazo explícito: «Uruguay para uruguayos, cuando dejen de entrar los esclavos de Cuba, Venezuela, Perú, vamos a volver a crecer como país» o «Trabajan por dos pesos y no cobran horas extras» .
La inmigración cubana en Uruguay es un espejo de las contradicciones del mundo actual. Por un lado, representa la generosidad de un pueblo y un Estado que ofrecen oportunidades a quienes huyen del hambre. Por otro, expone la falta de controles que permiten la proliferación de mafias de tráfico de personas que lucran con la desesperación. Mientras la oposición política utiliza el discurso migratorio para atacar al gobierno y al régimen cubano, las cifras muestran que miles de personas viven en un limbo burocrático que alimenta el mercado laboral informal y la precarización. Hasta que Uruguay decida si es un país de acogida o simplemente un paso transitorio, el negocio de la «mafia migratoria» y la explotación laboral seguirá floreciendo a la sombra de la burocracia estatal y el discurso político.
La próxima vez que un político uruguayo critique al gobierno por no controlar la llegada de cubanos, o cuando un concejal en Santa Rosa se queje de la música alta en los barrios, debería preguntársele: ¿por qué no denuncias al verdadero culpable de que estas familias hayan tenido que abandonar su tierra? El bloqueo de Estados Unidos no sólo es una política criminal contra Cuba; es el origen de la crisis migratoria que Uruguay está gestionando y que la derecha uruguaya instrumentaliza para su propio beneficio político.
Detrás de cada familia cubana que cruza la frontera de Rivera, detrás de cada migrante que paga miles de dólares a las mafias de tráfico de personas, hay una realidad que los discursos políticos uruguayos prefieren omitir: el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone a Cuba desde hace más de seis décadas es el motor principal de esta crisis migratoria.
El bloqueo es el elefante en la habitación que los discursos políticos uruguayos —tanto de izquierda como de derecha— prefieren ignorar. Señalarlo no es defender al régimen cubano; es reconocer que la crisis migratoria que hoy desborda las fronteras de Uruguay tiene un origen claro: una política de castigo colectivo que la comunidad internacional ha condenado 33 veces y que Washington se niega a levantar, condenando a millones de personas a la escasez y al éxodo.