«Las firmas valen, eso es lo que decimos nosotros», sostuvo el abogado Michel Dicmarch consultado sobre cómo impactarían las nuevas exigencias introducidas por la Corte Electoral para la presentación de firmas con el propósito de la promoción de referéndums, plebiscitos y consultas populares, como es el caso del Movimiento Paysandú Soberano que ha recurrido al último de los procedimientos señalados en procura de que se prohíba la instalación de industrias de hidrógeno verde y sus derivados en todo el territorio departamental.
El recurso, al amparo de los artículos 304 y 305 de la Constitución, del 79 de la ley 9515 y del artículo 16 de la ley 19272, implica la solicitud a la Junta Departamental de la aprobación de un decreto que determine la prohibición referida. En este caso, más de 17.000 sanduceros adhirieron con su firma a tal pedido. Ese número supera el 15% por padrón electoral del departamento (unos 15.000), que es el requerimiento constitucional para que se habilite el proceso que podría terminar con una consulta popular obligatoria, si es que la Junta Departamental no resuelve el asunto en los 60 días posteriores a que la Corte Electoral valide el apoyo requerido dando por váidas las firmas.
«La sorpresa con que nos encontramos ahora es que, en marzo, la Corte Electoral aprobó, de forma administrativa, interna, una serie de requerimientos que marcan, claramente, un corte muy limitante, marca restricciones muy importantes, y que, obviamente, lo que intentan es limitar las iniciativas legislativas», opinó el profesional, que apoya la lucha del grupo y fue redactor del proyecto de decreto incluido en la papeleta, sobre la «normativa» que dispuso, como novedad, que en cada papeleta se incluye sólo una firma y las huellas dactilares del firmante,
El asunto es que las variantes, que define como «ilegales» dado que se tendrían que fijar «por ley» y no por «una circular interna», rige desde marzo de este año, cuando la recolección de la organización sanducera se activó en mayo de 2025 y para el tercer mes de este año ya se habían reunido las adhesiones,
Dicmarch, que habló de la pertenencia partidaria de quienes dirigen el organismo de contralor electoral, dijo que es esperable que los ministros del organismo se expidan para explicar el criterio con el que controlarán las papeletas y defendió que la consideración se debería desarrollar de acuerdo a las exigencias anteriores.
«A nuestro entender son válidas las firmas por un motivo claro, nosotros arrancamos el 3 de mayo de 2025, con un modelo que ya se sabía, anterior. Arrancamos con tiempo, consultando a la Junta Electoral en Paysandú, entonces entendemos que la aplicación del tiempo de esta norma no nos comprende. Entendemos, además, en un segundo argumento, que esta norma es ilegal porque es una circular, es un acto administrativo», enfatizó.