«Yo no estoy diciendo que el intendente cometió este delito, que quede claro, llegado el caso eso lo tendrá que resolver un juez, pero, planteo si no estamos ante una situación de cohecho», sostuvo el abogado penalista Federico Álvarez Petraglia en referencia a la situación suscitada a partir de que el jefe comunal aceptara la invitación de TEYMA, con gastos a cargo de la firma para participar de una feria medioambiental que se desarrolló en Italia, en noviembre del año pasado, empresa a la que luego contrató, de manera directa, para la realización de tareas en el basurero.
Álvarez alude al delito establecido en el artículo 157 del Código Penal, que expresa: «El funcionario público que, por ejecutar un acto de su empleo, recibe por sí mismo, o por un tercero, para sí mismo o para un tercero, una retribución que no le fuera debida, o aceptare la promesa de ella, será castigado con una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, con multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 5.000 UR (cinco mil unidades reajustables) e inhabilitación especial de dos a cuatro años. La pena será reducida de la tercera parte a la mitad, cuando el funcionario público acepta la retribución, por un acto ya cumplido, relativo a sus funciones».
El abogado asevera que el «muy amplio» concepto de «retribución» incluye, «sin dudas», la aceptación de invitaciones a viajar.
La situación fue denunciada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), que, «si no han cambiado las cosas, imagino que va a terminar diciendo que el intendente cometió un acto reñido con la ética», agregó para distinguir ese proceso del que se podría desarrollar en el ámbito de la Justicia, aunque fue poco optimista en este extremo dada la nula receptividad que han encontrado, en los últimos años, las denuncias que vinculan a la Intendencia de Paysandú y sus responsables.
Álvarez Petraglia hizo notar que, por un contrato que se desconoce a nivel público, TEYMA recibe mensualmente unos 70.000 dólares por realizar tareas que históricamente ha concretado la comuna, y que le corresponden esencialmente, en lo que representan la «continuidad» del «negocio ruinoso» con la empresa Sandeco.
Finalmente, se preguntó quién y con qué marco legal está comercializando el material reciclable que se recolecta del basurero.